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Fallo de la Corte Superior de Justicia del Cusco declaró que Machupicchu es del Estado Peruano

Luego de 15 años de proceso judicial, la Justicia Peruana declaró infundada la demanda de propiedad de Machu Picchu a una familia cusqueña, y con esto determinó que el parque arqueológico más famoso del país es enteramente de propiedad del Estado Peruano.

La juez Sandra Contreras, del Primer Juzgado Civil de Cusco, sentenció que el terreno donde se halla la maravilla mundial le pertenece al Estado Peruano y no a la familia representada por Roxana Abrill Núñez, quien entabló una demanda el año 2003.

Esta información fue corroborada por el ministro de Cultura, Luis Castillo, quien saludó la sentencia de emitida por la Corte Superior de Justicia del Cusco: Fue una contienda larga, el demostrar que el complejo arqueológico es de propiedad del Estado y no de propiedad privada fue muy tedioso, sin embargo hoy anunciamos que Machu Picchu es del Estado y de todos los peruanos”, citó.

UNA CUESTIÓN DE HERENCIA.

La teoría que sustentó durante todo este tiempo la parte demandante fue que el terreno donde se construyó Machu Picchu fue adquirido por Mariano Ferro en 1904, quien dejó de herencia este predio a su hija Tomasa Ferro, quien se casó con José Abrill, cuya bisnieta Roxana Abrill entabló una demanda al Estado Peruano exigiendo una millonaria compensación por el tiempo de ‘uso’ que el Estado le había dado a sus supuestas tierras.

Finalmente la magistrado cusqueña se amparó en la Ley 24047 –  Ley General de Amparo al Patrimonio Cultural de La Nación, que determina que todos los inmuebles prehispánicos de carácter arqueológico, descubiertos o por descubrir son bienes culturales del Estado Peruano, declarando infundada la demanda interpuesta, que exigía una reivindicación e indemnización por daños y perjuicios y el cobro de frutos e intereses al Ministerio de Cultura.

DATO:

-La familia Zavaleta Zavaleta también perdió un juicio contra el Estado, los cusqueños citaban ser propietarios de parte de los caminos rurales de acceso y salida de la ciudad inca, por lo que pretendían una indemnización de 150 millones de soles.